El Instituto de Asuntos Sociales del Consell de Mallorca (IMAS) ha puesto en marcha un plan para fiscalizar la concesión de ayudas a las personas necesitadas después de haber detectado numerosos casos de picaresca .
Entre los casos, un palmesano joven en perfectas condiciones físicas que lleva años viviendo holgadamente en la India gracias a la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 400 euros al mes. Es sólo uno de los casos de fraude detectados por el nuevo equipo de Gobierno del Consell que preside Maria Salom y que tiene a Catalina Cirer como responsable del Institut.
La Renta Mínima de Inserción Social tiene la finalidad de evitar que caigan en la marginación aquellas personas que en un momento dado atraviesan una situación de precariedad económica. Mediante este programa las personas en situación de riesgo reciben una ayuda mensual económica que puede oscilar entre los 300 y 500 euros.
Al mismo tiempo, los servicios sociales ofrecen formación y orientación al usuario para facilitarle su reinserción social.
El coordinador del área de Inserción Social del Institut comenta que en los últimos años la demanda de prestaciones se ha multiplicado. Comentan ;«Queremos que el dinero llegue a las familias que verdaderamente lo necesitan. Tenemos unos recursos muy limitados y no podemos aceptar los abusos ni los casos de picaresca».
La renta de inserción se concede habitualmente por un plazo de un año y luego se va prorrogando cada seis meses casi de forma automática. Las nuevas solicitudes ya no se conceden de forma inmediata, puesto que el Consell tiene un plazo de 6 meses para responder cada petición. La segunda medida es que las prórrogas ya no se darán de forma automática. Una vez agotado el plazo de un año, el beneficiario deberá empezar de cero. Su situación será analizada nuevamente y se estudiará si merece seguir con el subsidio o si por el contrario hay personas más necesitadas.